lunes, 23 de julio de 2012

Manifiesto social y sindical contra los recortes leído en la manifestación de Madrid



Para este gobierno no hay límite en los recortes. Los aprobados en el Consejo de Ministros del 13 de julio no serán los últimos. Quieren acabar con todo. Y lo quieren hacer a costa de los de siempre: personas en paro, empleadas y empleados públicos, pensionistas, jóvenes, mujeres e inmigrantes. En su agenda de recortes no figuran las grandes corporaciones empresariales o las rentas más altas. No conviene molestar a los amigos.

En el Congreso de los Diputados, primero, y en Consejo de Ministros, después, el Gobierno ha aprobado el mayor paquete de recortes que se recuerda en democracia. Una agresión sin precedentes, no ya a los derechos de trabajadores y ciudadanos, sino a los fundamentos de la propia democracia. Una agresión de consecuencias laborales, sociales, económicas y políticas que ha de tener la respuesta social y sindical adecuada.
El presidente del Gobierno presumió hace tan solo unas semanas de no dejarse presionar por los mercados financieros y las autoridades comunitarias. "En todo caso, he sido yo el que los ha presionado a ellos", respondió ufano a las preguntas de los informadores. Su cinismo es insuperable. En poco más de quince días, ha acudido raudo a cumplir con las exigencias de Bruselas y ha precipitado la aprobación de cuantos recortes le han indicado, sin que se resquebrajen sus convicciones morales. Al contrario, si nos atenemos a la puesta en escena de las medidas anunciadas -sonrisa, aplausos de la bancada de la derecha y vulgares desprecios de la diputada Fabra incluidos- cabe deducir que, además de sentido de la justicia, a este Gobierno le hace falta una buena dosis de humildad y sensibilidad hacia los sectores más débiles de la sociedad.
De su paquete de recortes, únicamente se salvan los poderosos. Justamente aquellos que más deberían contribuir a superar la crisis y hacer frente a la situación que estamos viviendo. Personas en paro, asalariados, empleadas y empleados públicos, pensionistas, y personas dependientes han sido siempre el blanco preferido del Ejecutivo. Y en esta ocasión no iba a ser menos. El Gobierno vuelve a cargar contra la función pública, a cuyos trabajadores criminaliza, no sin antes eliminar su paga de navidad y reducir sus días de libre disposición; hace más difícil la vida a las personas en paro, recortando sus prestaciones cuando más lo necesitan y empujando a muchas de ellas a la exclusión social y la pobreza; anuncia inminentes recortes en el sistema público de pensiones; y en su particular agenda de políticas antisociales, asesta un casi definitivo golpe a las personas dependientes y a quienes les atienden.

Por si ello resultara insuficiente, el Gobierno confirma el desmantelamiento de las empresas públicas, aplica una nueva revisión de las tarifas energéticas y baja dos puntos las cotizaciones sociales a los empresarios, lo que afectará a la viabilidad del sistema público de pensiones, algo que quizás pretendan equilibrar -que cruel sarcasmo- con los recortes anunciados a los futuros pensionistas.
En este contexto, la decisión de incrementar el IVA, un impuesto muy injusto porque grava igual a rentas bajas que altas, contraerá aun más el consumo y prolongará la recesión económica. Y la pregunta es inevitable: ¿Para qué elegir un Gobierno que se saca de la manga un programa oculto y estafa así a la ciudadanía? ¿Qué nos va a quedar del estado social?
Llueve sobre mojado. Desde el primer día, este Gobierno no ha parado de decretar recortes, de despreciar las alternativas del movimiento sindical. Ha gobernado a golpe de decreto lo que deriva en un creciente deterioro de las instituciones democráticas. Invaden la autonomía municipal y las competencias de CCAA, sin importarles el descrédito de la política y la democracia, objetivo que tanto gusta a un sector de la derecha más extrema. Estas medidas vienen a sumarse a la reforma laboral que vulnera la negociación colectiva, recorta derechos y facilita aun más el despido, incrementando las cifras de paro. Dice hacerlo para incentivar la actividad económica, la única capaz de generar empleo; pero la economía sigue estancada y la recesión más fuerte que nunca. Con estas medidas, la situación económica empeorará y el paro superará los 6 millones de personas a finales de 2012.
Convocaremos acciones concretas y sectoriales; implicaremos a todos los colectivos que sufren los recortes; haremos confluir la movilización laboral y ciudadana; prepararemos una gran marcha sobre Madrid; emplazaremos al Gobierno para que cambie su política económica y antisocial; si rechaza la iniciativa será el movimiento social y sindical el que active la respuesta de movilización más adecuada.


ANTE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE DESMANTELAR EL ESTADO DE BIENESTAR
- NO VAMOS A PERMITIRLO

· NO VAN A CESAR LAS MOVILIZACIONES

· HAY OTRA POLÍTICA

· HAN DE PAGAR MÁS LOS QUE MÁS TIENEN

No hay comentarios: